El Ayuntamiento de Zaragoza estudia proteger al personal laboral frente a los despidosEfe. Zaragoza| Que los trabajadores de una sociedad en proceso de disolución queden "automáticamente" incorporados al Ayuntamiento o a otros organismos municipales. El Gobierno de Zaragoza ha propuesto modificar los estatutos de sus organismos autónomos y sociedades dependientes para tratar de proteger al personal laboral adscrito de posibles disoluciones que concluyeran con el despido definitivo de las plantillas. Así lo asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno el vicealcalde del Consistorio zaragozano, Fernando Gimeno, quien ha precisado que dicha modificación permitirá que los trabajadores de una sociedad en proceso de disolución queden "automáticamente" incorporados al Ayuntamiento o a otros organismos municipales. Gimeno ha explicado que la propuesta se ha hecho ante la previsible entrada en vigor de la Ley de Racionalización de la Administración Local, con el fin de dar estabilidad a los más de ochocientos contratados laborales que desempeñan su labor en los organismos y sociedades municipales. El responsable municipal ha advertido que con la decisión adoptada "no es que dejen de estar en peligro los puestos laborales, sino que estarán más estabilizados". Con esta propuesta de modificación de estatutos, el equipo de gobierno municipal en Zaragoza busca, según ha afirmado el edil, "articular los mecanismos necesarios para que ningún trabajador se pueda quedar en la calle". Ha advertido el vicealcalde que este proceso requerirá de "flexibilidad" a la hora de negociar tanto por parte de los sindicatos como del consistorio. |
La equiparación salarial de los militares ya figura en documentos oficialesLa memoria anual del Observatorio de Vida Militar incluirá en un capítulo la problemática de las retribuciones El Observatorio de Vida Militar, organismo encargado de velar por los problemas que afectan al día a día de los militares, ya tiene lista su memoria resumen del año 2016. El informe se presentará a finales de este mes e incluye un estudio sobre las diferencias salariales con otros cuerpos de seguridad. 18/01/201801:00 Esta semana, el ministro del Interior se reunió con los representantes de las asociaciones de PolicíaNacional y GuardiaCivil para presentarles un plan de equiparación salarial para los próximos tres años, con un desembolso extra por parte del Estado de 1.500 millones de euros. El debate sobre la equiparación salarial entre diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también ha llegado a las Fuerzas Armadas. De hecho, según denuncian muchas de las principales asociaciones, la problemática es aún más grave en el colectivo. La brecha retributiva es mayor si cabe entre un militar de tropa y un agente raso de la guardia civil, por ejemplo. Sin embargo, mientras esta brecha parece encaminarse hacia su solución en el caso de Policía y Guardia Civil, en las Fuerzas Armadas aún resta un largo camino por recorrer. El asunto salió a relucir durante el último COPERFAS Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas-, en el que la ministra María Dolores de Cospedal anunció a las asociaciones presentes que Hacienda continúa bloqueando la modificación del reglamento de retribuciones. Mientras continúe el bloqueo, Defensa tiene las manos atadas en el tema salarial. Algo que ha provocado una profunda indignación entre las asociaciones. Cospedal prometió, eso sí, que encargaría un estudio pormenorizado de la problemática de retribuciones, con el que se buscará dar base a la argumentación ante una futurible negociación con Hacienda para desbloquear la modificación del reglamento. Estudio del Observatorio de Vida MilitarMientras tanto, otros organismos relacionados con la Defensa, como el caso del Observatorio de Vida Militar, ya incluyen menciones al asunto en sus informes oficiales. El próximo 31 de enero, el ente que vela por la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas presentará su memoria-informe referente al año 2016. En ella figura un estudio detenido de la asunto de las diferencias retributivas respecto a otros cuerpos de seguridad. Fuentes del asociacionismo militar lo consideran un primer paso hacia la asimilación de la problemática por parte del Estado. El informe será enviado a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Para compensar esta diferencia salarial, desde el Observatorio se propuso la creación de una compensación por movilidad geográfica y una mejora del complemento por dedicación especial. Por otra parte, la memoria incluirá también un repaso a las cifras y avances conseguidos en los últimos años en materia de protección y prevención del acoso sexual en las filas del ejército, así como una valoración de los protocolos de denuncia que entraron en funcionamiento desde entonces. |
Un juez ordena a Carmena devolver los dividendos que se quedó de FunespañaEl Ayuntamiento ha ocultado la sentencia que obliga a repartir los dividendos con el exsocio privado cuando remunicipalizó la Funeraria. La nueva empresa municipal alega que no puede pagar porque tendría que endeudarse Tatiana G. Rivas La transparencia no está siendo la esencia del Gobierno de Manuela Carmena, sobre todo en aquello que concierne a sus grandes y polémicas remunicipalizaciones: Bicimad y la Funeraria. Sobre esta última, la auditoría externa que el otro día olvidó incluir Ahora Madrid en la comisión de Cuentas imposibilitando cerrar el presupuesto de 2017 de forma inédita es reveladora: el Ayuntamiento ha callado que la Justicia le obliga a entregar a Funespaña los dividendos que le corresponden y que se apropió cuando hizo pública la Funeraria. La empresa auditora subraya en su informe, además, el hecho de que las tres demandas interpuestas por el exsocio contra la sociedad municipal «pueden tener un impacto significativo en la situación financiero-patrimonial de la entidad». Y tanto, la nueva Funeraria que reconvirtió el ex delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato alegó ante el magistrado «iliquidez de activos y necesidad de endeudamiento para el pago al socio privado de dicho dividendo». El documento realizado por ATD Auditores Sector Público descubre que el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid dictó sentencia el pasado 5 de marzo ordenando a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios entregar los dividendos que le corresponden a Funespaña, el socio privado de la anterior sociedad mixta, representado en su mayoría por Mapfre. «Abuso de derecho»El magistrado Moisés Guillamón Ruiz estima así parcialmente la demanda de esta entidad al declarar nulo el acuerdo que adoptó unilateralmente el Ayuntamiento en abril de 2016 ya que era dueño del 51% de la empresa de no repartir los dividendos con cargo a reservas voluntarias. Se quedó así con 47,4 millones de euros sin dar a Funespaña los 23 millones que le correspondían al pertenecerle el 49% de la compañía. Para justificar que se adueñaba de esta cantidad, Sánchez Mato se apoyó en un informe elaborado por Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (Cemosa) realizado en 2015 para justificar la desprivatización, donde se señalaba que los cementerios y tanatorios necesitaban una inversión de 23 millones de euros. El magistrado considera el informe de Cemosa inválido, «una prueba de parte realizada ad hoc para el procedimiento, ajeno a la vida social y contrario a los propios actos de la sociedad». «Aprecio que existe un abuso de derecho por ausencia de necesidad razonable para decidir no repartir los beneficios de la sociedad estando próxima su extinción, ya que el socio minoritario tiene derecho a participar en las ganancias», establece Guillamón. Ciudadanos lo advirtió«Ya se lo advertimos a Ahora Madrid en 2016: dejaban muchos temas pendientes con la municipalización. Cuando la sentencia sea firme habrá que devolver una cantidad importante que se determinará de forma objetiva, llegue o no a los 23 millones», manifiesta la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra. Su compañero Miguel Ángel Redondo muestra su preocupación ante la pérdida facturación de la funeraria 4,6 millones de euros menos y de su cuota de mercado caída de ocho puntos y el resultado de la sentencia: «Desde que se remunicipalizó está costando millones de euros a los madrileños. Ahora puede costar entorno a 20 millones más». Lo que no acepta el juez es la petición de condena para distribuir los beneficios en los términos solicitados: un importe bruto por acción de 1.382,49 euros. Entiende que es la Junta General la que ha de hacer el reparto. El Ayuntamiento ha recurrido el fallo. |
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